La tarjeta entregada por Iglesias a Dina estaba “físicamente intacta”
La respuesta de la empresa al juez conduce a citar su exasesora para decir a quien acusa
MadridLa tarjeta del teléfono robado que entregó Pablo Iglesias a su ex directora de gabinete Dina Boulsselham y que esta envió a una firma para recuperar su contenido estaba “físicamente intacta”, según la respuesta de Recuperación Express, con varias sedes, entre ellas Gales (Reino Unido) y Madrid. La firma de Gales hizo llegar con fecha 17 de julio las respuestas de sus ejecutivos a la policía británica, que las hizo llegar por comisión rogatoria al juez Manuel García-Castellón.
El juez, al revocar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias, dejó constancia de que la tarjeta de memoria estaba “parcialmente quemada”. Los fiscales sostuvieron, el 21 de mayo, al solicitar que se quitase a Iglesias la condición de perjudicado -por las filtraciones presuntamente realizadas por el excomisario José Villarejo-, que la tarjeta estaba “inservible por los daños físicos que presentaba”. El juez García-Castellón, al acceder a la solicitud de los fiscales y expulsar a Iglesias del procedimiento como perjudicado, señaló que la tarjeta estaba “parcialmente quemada”.
El ejecutivo Arron James Evans señala, en resumen, las siguientes conclusiones, en su informe a la policía británica:
A) "Se recibió una tarjeta de memoria Micro SD Samsung EVO 32Gb en nuestras oficinas de Bridgen de un cliente llamado Ricardo Sá Ferreira [pareja de Dina Bousselham] el 29 de septiembre de 2017".
B) "El dispositivo estaba físicamente intacto, no tenía cortocircuitos; y no se pudo acceder usando nuestro software especializado en recuperación de datos".
C) "Se retiró el revestimiento plástico que cubría los pasadores para exponer una fila de pares de pasadores (aunque se pudo quitar mucho más del revestimiento)".
D) "El dispositivo fue devuelto a su cliente y no se hizo ningún cargo por la evaluación”.
Antes de devolverlo, la empresa propuso intentar la recuperación de los datos y aseguró a Ricardo Sá Ferreira que garantizaba poder acceder al 70% del contenido. El cliente, en función del presupuesto, desistió del encargo. Las respuestas de la empresa no aclaran por qué razón si bien el dispositivo estaba “físicamente intacto, sin cortocircuitos”, la tarjeta no funcionaba.
Los fiscales habían apuntado la posible existencia de un delito de daños informáticos, pero señaló que “no existen elementos suficientes para poder determinar el ánimo de su autor/a, su identidad, la gravedad del daño ni la cuantía económica del perjuicio causado”. La Fiscalía, precisamente, pedía al juez que citase a Dina Bousselham para que se pronunciara sobre a quién quiere acusar en esta causa: Pablo Iglesias, que retuvo seis meses la tarjeta antes de devolvérsela; los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, de la revista Interviú, que entregaron la tarjeta al excomisario Villarejo; los medios de comunicación que publicaron presuntas filtraciones realizadas por Villarejo con material procedente de la tarjeta robada.
Los fiscales no fueron consultados por el juez a la hora de enviar la comisión rogatoria al Reino Unido. El juez García-Castellón, pues, tendrá que definir los próximos pasos. La hipótesis del delito de daños informáticos ya no puede seguir siendo el motivo de la investigación, al tiempo que la perjudicada no va a dirigir su acusación contra Iglesias. El juez tiene que plantearse una pregunta que quizá nunca se ha contestado claramente hasta ahora y que es el abecé en toda acción penal: ¿cuál es el bien jurídico a proteger?
La campaña del caso Dina ha sido utilizada por todos los beneficiarios de los servicios del excomisario Villarejo: los mediáticos que se aprovecharon de sus filtraciones y le ayudaron a sembrar el desconcierto y el propio Villarejo y los empresarios y millonarios que están siendo investigados por pagar sus servicios de espionaje y extorsión. Tanto unos como otros siguen en una operación cuyo objetivo es apartar, por contaminación, a los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano de lo que es la caza mayor: las más de veinte piezas del caso Tándem-Villarejo
