Publicitat
Publicitat

El tribunal resolverá el 18 de abril si Rajoy declara como testigo en Gürtel

“La acusación recuerda que el PP tiene una estructura muy centralizada, jerarquizada y piramidal que culmina en su presidente y él es el que da el visto bueno a las cuentas del Partido”

El tribunal del caso Gürtel dictó el lunes pasado, día 10 de abril, una providencia según la cual las partes personadas tienen hasta el próximo martes, 18 de abril, para pronunciarse sobre si el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, debe ser citado a declarar en calidad de testigo. Será en la citada sesión después de escuchar los alegatos que los tres magistrados solicitarán un receso para resolver.

En la providencia se señala que se da traslado del escrito de la acusación  popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa “a las partes para su conocimiento, y en su caso, den contestación o formulen alegaciones, por escrito con anterioridad a la reanudación del juicio señalada para el día 18, o bien, en su caso, para que las realicen verbalmente ese mismo día, previo al inicio…”.

En la citada resolución no se menciona el contenido del escrito de ADADE: la citación de Mariano Rajoy como testigo. Pero se identifica el número de escrito presentado por la acusación: el número 9802/17. Es, en efecto, el escrito de fecha 31 de marzo de 2016, en el que se solicita que declare Rajoy.

La acusación popular ya había solicitado antes del comienzo del juicio oral la comparecencia de Rajoy en calidad de testigo. Sin embargo,  el tribunal designado llegó al acuerdo de no aceptar esa declaración en ese momento.

El 4 de febrero de 2016, el auto de la sala (futuro tribunal), tras puntualizar que no se admitía la prueba, añadía: “Sin perjuicio de que en otro momento se pueda acordar por la Sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.

El escrito de ADADE señala, precisamente, “que tal momento ha llegado, que la moratoria acordada debe haber llegado a su fin y por ello, la volvemos a solicitar”.

La acusación recuerda que los elementos indiciarios en el juicio “apuntan a Mariano Rajoy, persona con una posición corporativa en el Partido Popular de genuino protagonista del que hoy es una vez más es incuestionado presidente”. Recuerda que los poderes de administración en el PP son los de un partido en el que  “tiene una estructura muy centralizada, jerarquizada y piramidal que culmina en su presidente como `máximo responsable de el Partido en cada uno de sus ámbitos territoriales´ y él es el que da el visto bueno a las cuentas del Partido”.

Adade recuerda que el tribunal ha admitido la declaración testifical de los exsecretarios generales Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes. Y cita el auto que admitió esas declaraciones. La defensa de Luis Bárcenas, señala, había “justificado de forma razonable su necesidad… y su planteamiento ni es abusivo ni desproporcionado, ni se trata de prueba inviable”.

Precisamente, es resolución contó con el voto de dos magistrados a favor –José Ricardo de Prada y Julio de Diego- con la oposición del presidente del tribunal y ponente, Ángel Hurtado, que emitió un voto particular.

La decisión de no admitir en febrero de 2016 la declaración no fue pacífica. Los magistrados De Prada y De Diego votaron a favor y Hurtado en contra. Sin embargo, hubo un pacto interno para no empezar el juicio del caso Gürtel con un tribunal fracturado: se iba a reconsiderar la declaración de Rajoy si así era pertinente a la vista de la marcha del juicio oral.

Será importante conocer el punto de vista de la Fiscalía Anticorrupción sobre la solicitud de declaración de Rajoy, ahora que un nuevo jefe está al mando: Manuel Moix.

La declaración del presidente del Gobierno está constitucionalmente prevista, aunque se le da la prerrogativa de hacerlo por escrito.

En este caso, Rajoy sería citado a declarar en razón de su cargo de presidente del Partido Popular y no por su cargo de presidente de Gobierno.

Hasta ahora, solamente Felipe González ha declarado como testigo. Lo hizo en el Tribunal Supremo el 23 de junio de 1998 en el caso del secuestro del ciudadano  Segundo Marey por el GAL, la organización terrorista montada para contrarrestar a ETA, para contestar preguntas sobre cual era su conocimiento como presidente de Gobierno sobre el apoyo dado a la citada organización. Ya hacía dos años, en 1996,  que había abandonado la presidencia de Gobierno.

Más contenidos de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT