Gobierno y TC despliegan la artillería antireferéndum antes de la Diada
MadridEl Tribunal Constitucional ha desplegado a petición del Gobierno de Rajoy toda la artillería jurídica para desarticular la organización del referéndum en los 24 días que restan hasta el 1 de octubre excepto un único punto, por el momento: la solicitud del Gobierno de Rajoy de enviar las actuaciones del Govern y de la Mesa del Parlament (“deducir testimonio de particulares”) a la Fiscalía por si los actos constituyeran delito.
El Gobierno quería que un órgano jurisdiccional del nivel del TC hiciera este gesto, pero no lo ha conseguido. Los miembros del Tribunal estimaron que una medida como esa no es propia de un recurso de inconstitucionalidad sino de un incidente de ejecución de sentencia.
La estrategia se podría haber desarrollado después de la Diada, manteniendo el consejo de ministros ordinario de los viernes y con el tribunal decidiendo la suspensión el martes. Pero la urgencia escogida puede añadir gasolina a la movilización independentista prevista para el lunes.
Pero tampoco ha sido necesario ya que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, había anunciado durante la mañana de ayer jueves querellas contra todos los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Aunque Maza no lo ha aclarado, se deduce que será la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la que interpondrá esas querellas.
La unanimidad de todos los miembros ha sido posible porque se ha planteado empezar una advertencia antes de aplicar directamente el artículo 92.4 b) de la ley del TC que ha introducido en octubre de 2015, con los únicos votos del Partido Popular, las suspensiones de autoridades y empleados públicas que incumplan las resoluciones del tribunal. En cambio, se les ha advertido de que si persisten se avanzará en esa dirección.
Esta fórmula ha permitido la unanimidad, habida cuenta de que es público y notorio de que varios miembros del TC se oponen al citado artículo al que consideran contrario a la actuación de un organismo cuyo cometido es interpretar las leyes.
Pero el tema volverá a plantearse habida cuenta de que los miembros del Govern avanzarán en la organización del referéndum, lo que inevitablemente será un indicio de su persistencia y supondrá apretar el botón de las suspensiones por parte del TC.
La artillería, pues, está desplegada. La advertencia a alcaldes, la suspensión de la Sindicatura Electoral Central, compuesta por cinco miembros, y el anuncio de querellas indica que la batalla de desorganización del referéndum será cuerpo a cuerpo, una lucha que tendrá visos de páginas de sucesos, con imágenes como la de la Guardia Civil en la imprenta Constantí de Tarragona, a la que se ha pedido al juez de Barcelona encargado de actos preparatorios de referéndum en Barcelona una orden de entrada y registro.
La llave de Barcelona la tiene la alcaldesa Ada Colau y la del referéndum hasta cierto punto también por la importancia de la ciudad y del área metropolitana en número de potenciales votantes. Y la alcaldesa parece orientarse a responder a la petición de locales del president Carles Puigdemont en las próximas horas con un no. Será el secretario del ayunamiento el que emitirá su dictamen tras la suspensión de anoche y las advertencias de Rajoy y el TC a los alcaldes de Cataluña.
