Pedro Sánchez enmienda a la ministra de Justicia y confirma la defensa de Llarena

Un bufete belga representará al magistrado y a la jurisdicción española

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resolvió –tras consultar el pasado sábado y ayer domingo, días 25 y 26 de agosto, la opinión de expertos y varios ministros, según ha podido confirmar el ARA– reconducir la actuación del Ministerio de Justicia en la demanda civil presentada por la defensa de Carles Puigdemont y cuatro exconsellers procesados (Comín, Ponsatí, Serret y Puig) contra el magistrado Pablo Llarena que se verá el 4 de septiembre en una vista convocada en Bruselas. La Moncloa confirmó este domingo, a iniciativa del presidente, que un bufete de abogados belga defenderá la soberanía jurisdiccional española y al demandado, el magistrado Llarena.

Lee aquí la demanda civil presentada por la defensa de Carles Puigdemont y cuatro exconsellers procesados

La intervención del presidente en el caso Llarena se produjo en paralelo a la reunión celebrada en Toledo el pasado sábado y también ante diversas gestiones que tuvieron lugar el pasado domingo por la mañana.

Según un comunicado difundido el pasado sábado por La Moncloa "el Gobierno inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena". Añade que "el Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente".

El pasado viernes, día 24 de agosto, las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras, así como magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se pronunciaron contra la decisión del Ministerio de Justicia de condicionar la personación de España a conocer la decisión del juez belga y a diferenciar entre la actuación jurisdiccional del magistrado Llarena y sus declaraciones públicas a título particular.

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Este pasado fin de semana, las asociaciones de fiscales y jueces progresistas -la Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia- también se pronunciaron en el sentido de que la defensa de la jurisdicción española pasa por la defensa del magistrado demandado.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció el pasado jueves 23 de julio una diferenciación entre la defensa de la inmunidad de la jurisdicción española y la de Llarena a raíz de que la demanda civil incluye unas manifestaciones que el magistrado hizo en Oviedo el pasado 22 de febrero.

Los dictámenes sobre el asunto de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, recomendaban la personación en Bruselas para alegar en nombre de Llarena, cuyas manifestaciones particulares, por otra parte, se circunscribían a argumentos que ya había expresado en sus autos judiciales, que los entonces imputados no eran perseguidos por sus ideas políticas.

Sin embargo, la ministra de Justicia entró en los términos de la demanda de protección del honor presentada en Bélgica y estableció una diferencia entre la jurisdicción española y la actuación de Llarena.

Con todo, según ha confirmado ARA, la ministra Delgado lo consultó con la vicepresidenta Carmen Calvo el jueves pasado, día 23 de agosto, antes de difundir un comunicado con su posición. Es decir, no actuó de forma unilateral.

En la versión original de su comunicación pública sostenía que las manifestaciones de Llarena a título particular "podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra"; más tarde, rectificó diciendo que el gobierno no podía actuar en relación a esas declaraciones "puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

La posición de Justicia generó ciertas diferencias en el Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había acogido una petición del 10 de julio pasado del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se había dirigido a su homólogo, Didier Reynders, en defensa de la jurisdicción española y de Llarena. Borrell, al conocer el comunicado de Justicia del jueves 23 de julio no ocultó su irritación ante la posición de Justicia. Tampoco fue el único.

¿Cuál es el riesgo de fondo que plantea ahora la demanda civil? En su día, el 5 de junio, Llarena seguía instruyendo toda la causa. El objetivo de la demanda en aquellos días era crear el fundamento de un incidente de recusación: el artículo 219 punto 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que si el magistrado tiene un pleito con alguna de las partes ello es motivo de abstención/recusación. Llarena rechazó de pleno esa recusación nada más conocer el escrito con la información de la demanda.

Y, ahora, ¿cuál sería la consecuencia de una admisión a trámite? Llarena sigue siendo instructor de la pieza separada de los procesados que están en el exterior. Por tanto, si tiene un pleito con los cinco procesados, afectaría a su imparcialidad para seguir siendo el instructor de esa pieza separada. En otros términos, se podría instar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por vía de urgencia, a inhabilitarlo por su falta de imparcialidad para seguir a cargo de la instrucción de la pieza separada de Puigdemont y los exconsellers. Este es nada menos que el partido que se está jugando en Bruselas.

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