La marcha de la locura
Rajoy ha optado por una política contraria a su propio interés
MadridMariano Rajoy llevaba apenas unos momentos de su intervención, exactamente en el minuto 5.13, cuando, a modo de balance, dijo en tono reflexivo: “Yo tengo la impresión de que alguien puede pensar sin temor a equivocarse de que lo que querían algunos era que se llegara a esta situación, es decir, a que se aplicase el artículo 155. No lo voy a afirmar categóricamente. No quiero hacer una crítica, pero tengo esa convicción. Porque no se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron, como ha hecho a lo largo de estas últimas fechas la Generalitat de Cataluña”. Esa reflexión, incluida en su discurso, acabó en 42 segundos, en el minuto 5.55.
Esto nos remite a un fenómeno, pues, el de seguir una política contraria al propio interés. Rajoy se la adjudica, según él mismo ha explicado, a Carles Puigdemont y a la Generalitat. Pero se puede, siguiendo su propio razonamiento, apuntar que, al adoptar la decisión de entrar en Cataluña montado sobre el bulldozer del 155, también Rajoy está optando por la política contraria al propio interés. De su partido, de su Gobierno y del interés general.
La periodista e historiadora norteamericana Barbara Tuchman (1912-1989) ha dedicado una obra al tema de la política contraria al propio interés. "Un fenómeno patente a lo largo de la historia es que los gobiernos adoptan políticas contrarias a su propio interés. Parece que el género humano desarrolla un comportamiento más pobre a la hora de gobernar que en cualquier otra actividad humana. En este campo, la sabiduría, que puede ser definida como el ejercicio de la inteligencia basada en la experiencia, sentido común e información, es menos operativa y más frustrante de lo que debería ser”, escribe Tuchman en La marcha de la locura. Desde Troya a Vietnam.
El Gobierno de Rajoy ha basado su estrategia para sofocar la independencia/secesión de Cataluña en la represión del referéndum del 1-O, la suspensión y anulación de la legislación del Estado paralelo construido por la Generalitat cual caballo de Troya, y la aplicación del binomio persecución penal-artículo 155. A la aplicación creciente del código penal se ha sumado la intervención de facto de las finanzas y ahora la intervención directa de la autonomía, el cese del Govern de la Generalitat, y el traspaso de sus funciones al Gobierno de Rajoy, incluyendo la política de medios de comunicación.
Es Rajoy quien ha asumido en su calidad de presidente de Gobierno la facultad de disolver el Parlamento, colocado ahora bajo tutela de Madrid, y convocar elecciones. Ha dicho el presidente del Gobierno, es decir quien que va a realizar la convocatoria, que esos comicios se celebrarían, siempre que se retorne a la normalidad, antes de seis meses. ¿Pero alguien puede decir seriamente lo que va a ocurrir de aquí a seis meses? ¿Acaso no estamos todos de acuerdo en que entramos en territorio inexplorado? ¿Y, siendo así, cómo se puede tomar en serio la fecha de seis meses?
Y si a esas elecciones, un suponer, que ya sería mucho suponer, se presentan todos los partidos que actualmente gozan de representación en el Parlamento catalán y vuelven a ganar, por una mayor diferencia, quienes actualmente sumaban el 47%, ¿qué pasará? El bulldozer que se ha puesto en marcha y que el viernes 27 será lanzado desde el Senado fue “vendido” como un bulldozer ligero. Esta comercialización del producto “155” por parte de sectores del Gobierno de Rajoy y sobre todo del PSOE es publicidad engañosa, puro marketing.
El 155 es lo que Rajoy quiere que sea: el cese de todo el Govern para asumir sus funciones por parte de los ministerios del Gobierno de Rajoy. Medios de comunicación incluidos. El gobierno nacional tiene una rica experiencia en la materia. El modelo de Televisión Española, pletórico de respeto a la información, transparencia y pluralismo, podrá ahora experimentarse en los medios audiovisuales de Cataluña.
Pero, hay que insistir en que el bulldozer 155 va acompañado de una acción penal creciente. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, consultó el lunes 9 de octubre con doce fiscales de sala de la división penal del Tribunal Supremo su proyecto de presentar una querella contra Puigdemont nada más ser cesado o suspendido. Pero aunque Puigdemont sea cesado el viernes 27 seguirá manteniendo su fuero de diputado del Parlamento y, además, los hechos –la rebelión que quiere imputarle para pedir su prisión preventiva el fiscal general del Estado- fueron cometidos durante su mandato como presidente del Govern. Por tanto, esa conducta deberá ser enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pero, precisamente, Maza quiere acusarle de rebelión –pena de prisión de hasta 25 años- para que el impacto del delito exceda el territorio de Cataluña proyectándose hacia la desintegración de España. Y si sigue con el fuero, que la querella sea instruida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se trata de superar la inactividad del TSJC que Maza considera intolerable. Ni la persecución penal de Puigdemont, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ni la próxima ofensiva de la Audiencia Nacional contra el mayor Josep Lluís Trapero –que ayer fichó a la penalista Olga Tubau, que fuera abogada de Segundo Marey, para su defensa- como tampoco la nueva administración del 155, son los instrumentos idóneos para abordar el tema de la independencia/secesión de Cataluña.
La opción “por la razón o la fuerza” no vale. Un gobierno que no ha podido impedir por la fuerza un solo acto, el del referéndum del 1-O, ¿cómo logrará garantizar el cumplimiento de sus planes para una cadena interminable de actos como los que se avecinan? Los instrumentos en marcha no harán más que agravar la situación al servicio de una política contraria al propio interés.
