El auto que tumbó a la cúpula del Banco de España

Tanto las declaraciones como los correos aportados son ”contundentes” sobre las posibles responsabilidades, se señala en la resolución judicial

La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha propinado un varapalo al juez Fernando Andreu y al fiscal Alejandro Luzón, con la imputación de las cúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la operación de salida a bolsa de BFA-Bankia en julio de 2011.

Lo que juez y fiscal debían haber apreciado en la declaración del inspector José Antonio Casaus –cabecera del grupo BFA-Bankia– en septiembre pasado, y en los cuatro correos del apocalipsis sobre la inviabilidad de Bankia, remitidos al juzgado en octubre, que ha considerado “demoledores” la magistrada ponente, Clara Bayarri, al admitir un recurso para incluir en la instrucción la conducta de las dos instituciones supervisoras.

La sección tercera había desestimado imputar en dos ocasiones a las citadas cúpulas, la última el 17 de octubre de 2016. Pero, no sin humildad, la ponente señala: “Por lo que, ante la existencia de nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas, las anteriores resoluciones denegatorias han de ser revisadas”. Es una manera de llamar la atención, implícitamente, sobre el hecho de que la aparición de esos indicios -la declaración de Casaus y los cuatro correos citados- no llevaron a abrir la cerrazón del fiscal y del juez a investigar a los cargos medios y altos del Banco de España y a la cúpula de la CNMV. Tanto las declaraciones como los correos aportados son ”contundentes” sobre las posibles responsabilidades, se señala en la resolución judicial.

El auto ordena citar como investigados a los responsables del Banco de España: Pedro Comín, jefe de grupo del equipo de inspectores en BFA-Bankia y actual director general adjunto de Supervisión; Mariano Herrera, actual director general de Supervisión; Pedro González, entonces a cargo del departamento de Inspección de Cajas de Ahorros; Jerónimo Martínez Tello, director general de Supervisión en 2011; Javier Aríztegui, ex director general de Supervisión, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Asimismo, el otro organismo supervisor que autorizó el folleto de salida a Bolsa, también será investigado. Se ordena citar a Julio Segura, presidente de la CNMV, y a Fernando Restoy, vicepresidente de la misma en su momento. Restoy, tras dejar la CNMV, se incorporó al Banco de España como subgobernador en 2012. En diciembre pasado, en el contexto de la investigación, presentó su dimisión y obtuvo un puesto en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, junto a Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España en la época de creación de la burbuja de crédito e inmobiliaria durante los años 2000. Caruana es director del banco, con sede en Basilea.

El auto señala, en relación a las nuevas pruebas, que “el contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España”.

La resolución desestima otro de los argumentos del juez Andreu y del fiscal Luzón según el cual estas nuevas pruebas no aportan elementos para vincular la acción “a un posible delito de estafa de inversores, ex artículo 182 bis" del Código Penal.

Dice el auto: “Tal y como sostiene la recurrente [Confederación Intersindical de Crédito representada por el abogado Andrés Herzog] no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos, que no procede verificarse hasta finalizada la instrucción conforme a lo dispuesto por el artículo 779 Ley de Enjuiciamiento Criminal…”

El juez Andreu, que esperaba el tercer informe de los peritos judiciales para dictar el auto de conclusión de las diligencias previas, tendrá ahora que investigar al Banco de España y la CNMV. Los cargos medios y altos ya han declarado en calidad de testigos. Ahora lo harán como investigados.

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