Deloitte se desentiende de Bankia

El auditor que avaló las cuentas de la salida a borsa culpa al Banco de España y la CNMV

El socio auditor responsable de Deloitte para las cuentas de Bankia, Francisco Celma, se basó en la información de los balances reservados o confidenciales que recibe mensualmente el Banco de España al dar por bueno el “colchón” de provisiones de 6.913 millones de euros de la entidad financiera, según declaró ayer, en calidad de investigado, ante el juez Fernando Andreu. Manuel Arranz, representante legal de Deloitte, investigada como persona jurídica, aseguró que no existía conflicto de intereses que pusiera en cuestión la independencia de la empresa.

Celma, un hombre que nunca pierde la tranquilidad, cuestionó de “manera vehemente”, según fuentes jurídicas, los informes de los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets, y aseguró que una cosa son los informes sobre los estados financieros públicos y otra los que revisten carácter reservado o confidencial que entregan las entidades al Banco de España todos los meses.

Según explicó, en dichos informes reservados venían desglosadas las llamadas por el Banco de España “provisiones específicas no asignadas” (fondos para cubrir eventuales minusvalías), cifradas en los mencionados 6.913 millones de euros.

Los peritos judiciales, los también inspectores del Banco de España Sánchez y Busquets, señalan en sus informes del pasado 30 de marzo de 2016: “Dentro del folleto informativo de salida a bolsa de Bankia y en el apartado de políticas de control y gestión de riesgos y perfil de riesgo de Bankia aparece una tabla que recoge la existencia de provisiones específicas, genéricas y específicas no asignadas, por una cifra total de 6.913 millones de euros. Dicha información fue utilizada por los administradores de Bankia como argumento de fortaleza financiera ante los potenciales inversores. En definitiva, cabe calificar dicha información como otra grave inexactitud e irregularidad incluida en el folleto”.

Celma, a preguntas primero del abogado Andrés Herzog, contratado por la acusación popular de Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y del fiscal Alejandro Luzón, más tarde, explicó las diferentes provisiones previstas, y basó su informe favorable a las llamadas “específicas no asignadas” precisamente por constar en la información reservada aportada por Bankia al Banco de España.

También atacó Celma la idea de que la diferencia entre el valor de la acción de Bankia al salir a bolsa y el valor contable había provocado la virtual quiebra de BFA, la entidad matriz de Bankia. Según dijo, esta diferencia suele ocurrir y se corrige al final del ejercicio.

Celma fue el responsable de presentar las cuentas anuales de Bankia a 31 de marzo de 2011, utilizadas en el folleto de salida a bolsa en julio de 2011. Más tarde, en 2012, Celma se negó a firmar las cuentas de Bankia. Según ya había explicado en su declaración como testigo, en 2014, y ayer volvió a ratificar, su negativa tuvo que ver con  información requerida por el auditor y que Rodrigo Rato no aportó.

Celma reconoció, a preguntas de Herzog, que el auditor suele enviar al Banco de España información complementaria, entre otras cosas, sobre los créditos. Pero no consta que Deloitte, auditora de Caja Madrid y Bancaja, el 80 por ciento, aproximadamente, de la futura Bankia, haya informado sobre la mala situación de los créditos que acumulaban en sus balances ambas entidades.

Deloitte, tras auditar, como se ha apuntado, Caja Madrid y Bancaja, presentó las cuentas de Bankia a 31 de marzo de 2011, con las cuales la entidad salió a bolsa; luego, un año más tarde, en 2012, se negó a firmar las cuentas de Rato y más tarde aprobó la reformulación  de las cuentas del equipo de José Ignacio Gorigolzarri elaboradas por Goldman Sachs.

La pregunta que queda en el aire es, si existían, como afirma Celma y sostiene el Banco de España, las llamadas “provisiones específicas no asignadas”,  ¿por qué ni Rato ni más tarde Goirigolzarri, a juzgar por el volumen de ayudas recibidas, hicieron uso de ellas?

Manuel Arranz, representante legal de Deloitte, explicó el sistema de funcionamiento del comité de ética y el comité de prevención de delitos, sin entrar en el caso de Bankia. Arranz ha sido el socio auditor encargado de las polémicas cuentas de la empresa Abengoa.

El juez Andreu tendrá ahora que resolver sobre la situación de Celma y de la empresa, que pedirán el archivo de la causa para ambos.

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