¿Qué se ha hecho para preparar las elecciones?
BarcelonaEl departamento de Salud ha facilitado a los partidos con representación en el Parlament un informe con la previsión de cuál será la situación epidemiológica de cara a las elecciones del 14 de febrero. El escenario ahora mismo está claro: cuatro días antes de esta fecha, el 10 de febrero, se prevé que se alcance el pico de ocupación de las UCI por enfermos de covid-19, de forma que todo apunta a que se podría decidir dejarlas para más adelante, tal y como se hizo en su día con las elecciones vascas y gallegas. Aun así, se trata de una decisión complicada y con muchas derivadas que se acabará de tomar a finales de semana, cuando ya se tenga una idea más clara de la evolución de la incidencia de la pandemia.
De entrada hay que decir que si las elecciones se acaban aplazando será un fracaso tanto del Govern como de los partidos políticos, puesto que han tenido suficiente tiempo para anticipar diferentes soluciones para poder garantizar el derecho a voto en plena pandemia. Lo único que se ha hecho es ensanchar al máximo las garantías que incluye la legislación actual, pero no se han dado pasos decididos, ni en el Parlament ni en el Congreso, para introducir cambios en la legislación electoral que permitieran afrontar la situación en mejores condiciones. Soluciones como la de alargar la jornada electoral durante dos días, crear franjas de voto obligatorias o una modalidad propia de voto por correo para personas contagiadas no se pueden implementar sin una ley propia. Otras, como la de instaurar urnas móviles para recoger el voto casa por casa necesitarían una reforma de la Loreg, la ley estatal. Es más, en el caso de Euskadi y Galicia se impidió el voto a personas contagiadas, lo cual es claramente una vulneración de sus derechos.
Es evidente que si en el mes de febrero la situación es tan crítica que hay que volver al confinamiento domiciliario es de sentido común no hacer las elecciones, pero no parece que tenga que ser este el escenario. Es posible que nos encontremos con una situación en la que las escuelas estén abiertas y se pueda ir a comer a un restaurante pero no se pueda ir a votar, una contradicción aparente, porque el sufragio es un derecho fundamental.
Entendiendo, pues, la dificultad de la decisión, hay que ponderar también los efectos que tendría el aplazamiento en el caso concreto de Catalunya, con un Govern descabezado a raíz de la inhabilitación de Quim Torra y con dos socios enfrentados entre ellos e inmersos en una dinámica electoralista al menos desde que el expresidente dio por agotada la legislatura, pronto hará un año. El Govern actual tiene limitados sus poderes (Pere Aragonès no puede hacer cambios en el consejo ejecutivo, por ejemplo) y, además, con el Parlament disuelto, no se pueden aprobar leyes ni llevar a cabo los controles parlamentarios pertinentes a los diferentes departamentos.
Esta no es la mejor manera de afrontar la situación actual de la pandemia, para la cual se requeriría un ejecutivo fuerte y cohesionado, así como para afrontar el resto de retos que tiene el país. Ahora bien, las autoridades sanitarias tienen que tener la última palabra, y los partidos no deberían pensar en lo que les conviene a ellos sino en lo que conviene al conjunto de la población.
