Piden la imputación de MAFO y el actual número dos del Banco de España por el caso Bankia

La acusación popular solicita que se investigue la actuación de miembros actuales y anteriores del supervisor

El abogado Andrés Herzog ha presentado esta mañana, miércoles 8 de junio, un escrito en la Audiencia Nacional en el que, en nombre de la acusación popular Confederación Independiente de Crédito (CIC), solicita al juez Fernando Andreu imputar al actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, al ex director general de Supervisión y actual adjunto de dicho director, Jerónimo Martínez Tello, y los ex gobernador y subgobernador de la entidad, Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Javier Arístegui, citándoles a declarar en calidad de investigados por las irregularidades en el caso Bankia. Tanto la acusación popular 15MpaRato como el letrado Herzog, en nombre del partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) abrieron la causa criminal en julio de 2012.

El escrito señala que "los informes periciales de 30 de marzo de 2016 confirman que todos los problemas y las irregularidades contables de Banco Financiero y Ahorro-Bankia habían sido detectados en los informes de seguimiento del Banco de España que, sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de actuación".

Consulta el escrito presentado por la acusación popular

El letrado precisa: "O peor aún, la supervisión consistió más bien en impulsar el SIP ( Sistema Institucional de Protección) y fomentar la salida a Bolsa de Bankia, colaborando en la perpetración de los delitos objeto de investigación, que no se podían haber cometido sin la actuación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV)".

La descripción del funcionamiento del sistema de supervisión del Banco de España, de la relación de los inspectores y los responsables intermedios y superiores, conducen a la conclusión, sostiene, de que "era el propio supverisor el que, sobre la base de cuestionables criterios políticos, fomentó la huída hacia delante causante del inmenso quebranto patrimonial de la entidad, lo cual en modo alguno serviría, por cierto, de atenuante de la responsabilidad que incumbe tanto a los gestores de BFA-Bankia como a los auditores".

La firma auditora Deloitte y su socio Francisco Celma,  precisamente, han sido imputados por el juez Andreu a petición de las citadas acusaciones populares, iniciativa que obtuvo el informe  del fiscal Alejandro Luzón, quien destacó la posible existencia de una "conducta dolosa" en la gestión de Deloitte y citó una sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Banesto, en 2002, en la que se hacía referencia al escándalo de la firma eléctrica Enron en Estados Unidos, que acabó con la auditora Arthur Abndersen, adquirida por Deloitte.

Tanto el representante legal de Deloitte como Celma han sido citados a declarar como investigados el próximo 20 de junio, decisión que ha sido recurrida ante el propio juez y que está pendiente de resolver.

En su escrito Herzog trae a colación el informe de la Intervención General de la Administración del Estado ( IGAE) sobre el Banco de España, incorporado a la causa, en el que que se apunta que "de la documentación de las inspecciones analizada se observa que las conclusiones iniciales de los inspectores se van resumiendo y suavizando hasta concluir en un escrito de recomendaciones que, a veces, no parece reflejar con toda su crudeza los problemas que debe solucionar la entidad".

Dice el letrado: "Lo anterior, traducido al román paladino, significa que los máximos responsables del Banco de España ocultaron los verdaderos problemas financieros de BFA-Bankia (y antes de las Cajas de Ahorro fundadoras del SIP), que se repetían en cada nueva inspección (algunos de ellos, de hecho, iban empeorando), lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que los escritos de recomendaciones no eran documentos públicos y, por lo tanto, susceptibles de afectar a la reputación o prestigio de tantas entidades, que era la única cuestión que al parecer preocupaba al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel. Fernández Ordoñez, según el tenor literal de sus declaraciones".

El escrito destaca especialmente las funciones del actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, durante la gestación de la salida a Bolsa lo que podría calificarse como una conducta negligente de los cuadros de dirección del Banco de España.

"Pero no solo omitieron o silenciaron las citadas irregularidades y manipulaciones contables (contenidas en los informes de seguimiento y detalladas por los peritos judiciales), sino que además omitieron realizar cualquier tipo de actuación coercitiva a fin de impedir que las gravísimas deficiencias se mantuvieran e incluso se agravaran con el paso del tiempo. Como explica la IGAE en su informe, "no nos consta en la información la imposición de sanciones, amonestaciones u otro tipo de actuación, que refuerce el papel de supervisión del Banco de España".

El escrito también destaca que Restoy, ex vicepresidente de la CNMV "actuó como presidente en funciones de la CNMV en sustitución de Julio Segura, que estaba de baja, durante el momento de la Oferta Pública de Suscripción ( OPS) y, por tanto, autorizó la salida que los peritos judiciales han calificado de fraudulenta ". Fuentes cercanas al Banco de España han negado este extremo, puntualizando que quien ejercía de presidente en ese momento era el propio Segura. Además, el escrito también afirma que "poco después, en junio de 2012, pasó a ser subgobernador del Banco de España, en sustitución de Javier Aríztegui, un cargo que aún ocupa actualmente".

En la descripción de su participación, señala que Restoy, "en cuanto subgobernador del Banco de España, ha venido desempeñando también el cargo de presidente (hoy vicepresidente primero) del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En su condición de Presidente del FROB promovió (mediante escrito de 25 de febrero de 2015) una consulta técnica al Banco de España (de cuya comisión ejecutiva es también miembro nato) para intentar desacreditar desde dicha institución las conclusiones de sus propios inspectores, designados peritos judiciales en la presente causa".

El escrito subraya un hecho: "Se da la circunstancia de que, a pesar de su máxima responsabilidad en la CNMV en relación a los hechos que nos ocupan, Fernando Restoy no ha declarado en las presentes diligencias, ni siquiera como testigo, resultando por lo tanto imprescindible que lo haga (en ese caso como investigado) a la luz de lo concluido por los peritos judiciales".

El escrito solicita la comparecencia como investigados del exgobernador, Fernández Ordoñez, del subgobernador Arístegui, del que fuera director general de Supervisión hasta octubre de 2012, Martínez Tello (actualmente es adjunto al director general de Supervisión, Mariano Herrera). También pide que vuelva a comparecer en calidad de testigo el jefe del equipo de inspección de Bankia desde su creación, José Antonio Casaus, así como la petición al Banco de España para que entregue todos los informes de seguimiento de la inspección correspondientes al año 2012, año de reformulación de las cuentas, que no se han aportado a la causa.

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