¿Quién le pedirá perdón a Tamara Carrasco?

La sentencia de absolución hace más evidente la persecución policial y judicial contra el independentismo

La activista Tamara Carrasco ha vivido dos años y medio atrapada en un laberinto represivo basado en falsas acusaciones de terrorismo y de desórdenes públicos. Ha sido encarcelada, privada de pasaporte y de libertad de movimientos: la Audiencia Nacional le impidió durante 13 meses que se moviera más allá de los límites de su municipio, Viladecans. Ha sufrido un acoso y una criminalización impropios de un estado democrático. Que a una ciudadana sin ninguna significación política especial le haya pasado esto por participar en una protesta callejera contra la detención en Alemania, en marzo de 2018, del expresidente Carles Puigdemont, hoy eurodiputado de pleno derecho, es una demostración palmaria de hasta dónde puede llegar el ánimo de revancha del Estado contra el independentismo por el referéndum del 1 de octubre de 2017. La Guardia Civil y la Fiscalía, por la vía de la Audiencia Nacional, quisieron convertir el legítimo y legal ejercicio del derecho de reunión en una auténtica trampa construida sobre la nada. Ya lo vimos en el juicio a los presos políticos del Procés en el Tribunal Supremo, y de nuevo se ha intentado en el caso de Tamara Carrasco, protagonista de la primera y, como se ha visto ahora perfectamente, espuria causa por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR). 

El vía crucis por el cual ha tenido que pasar Tamara Carrasco es demencial. Ha sido víctima de una grave injusticia y de un suplementario castigo mediático. ¿Alguna instancia judicial o policial le pedirá perdón? Nadie le podrá restituir el tiempo perdido ni los daños psicológicos, económicos y de todo tipo a los cuales se ha tenido que enfrentar. En lugar de la clásica impunidad del crimen, aquí parece que hemos asistido a una lamentable impunidad de la acusación: sin ningún rigor ni respetando la más mínima presunción de inocencia. Con el independentismo todo vale. Si después la cosa queda en nada, como mínimo se habrá conseguido esparcir un clima de miedo. Con actuaciones así es como se deslegitima a los poderes públicos.

Tamara Carrasco ha sido víctima de este abuso de poder que ahora finalmente ha quedado a cuerpo descubierto. Tal como reconoce la sentencia, no había absolutamente la más mínima prueba que la implicara en supuestos disturbios ni aún menos en una delirante actividad terrorista. La arbitrariedad de la acusación se ha deshecho como un bolado. El juzgado penal 25 de Barcelona ha concluido que ni la acusación de la Guardia Civil ni los argumentos del ministerio fiscal se aguantan de ninguna de las maneras. La juez considera increíble que la acusación del cuerpo policial -nada más y nada menos que por terrorismo, rebelión y sedición- se basara en un simple mensaje de WhatsApp que no se sabe de dónde salió. Y a la Fiscalía le reprocha que no aportara ninguna prueba sobre los supuestos delitos de alteración del orden público. Es decir, todo fue un bluf, un invento con consecuencias personales gravísimas para una ciudadana indefensa, que naturalmente ahora tiene todo el derecho a pedir una indemnización al Estado. Lo que ha pasado es una vergüenza.

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