Interior empieza a vaciar Arguineguín con el traslado de 200 personas a nuevos barracones

El gobierno español investiga quién ordenó dejar un grupo de migrantes en las Canarias abandonados a su suerte

El ministerio del Interior trasladará esta tarde a las primeras personas ingresadas al campamento del puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a unas nuevas instalaciones en Barranco Seco, en el norte de la isla, que ha cedido Defensa. Se trata de unos barracones y tiendas que se han tenido que improvisar por la situación de hacinamiento en el muelle, donde hay 2.300 personas, muchas desde hace una semana, porque no hay centros donde derivarlos una vez han recibido la primera asistencia. El movimiento del gobierno español para descongestionar Arguineguín se ha precipitado y llega tan solo horas después de un episodio rocambolesco que ha hecho indignar a las autoridades locales y ONG, y que ha puesto en evidencia la descoordinación gubernamental en la gestión migratoria.

Nadie ha dado todavía ninguna explicación de quién dio la orden de soltar 227 personas del campamento del puerto de Arguineguín y dejarlos en medio de la calle ya muy entrada la noche de lunes a martes. Solos, sin comida ni bebida, los migrantes –todos marroquíes– no sabían donde pasar la noche. 

La Policía Nacional les había abierto la puerta de la instalación sin tener preparado para ellos un sistema de acogida, y ahora el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la apertura de una investigación rocambolesca. La salida cogió por sorpresa las autoridades locales y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, los metió en un autobús para dejarles ante la Delegación del gobierno español con el argumento que su ayuntamiento no puede asumir hacerse cargo de la situación. Del puerto a una plaza. "No tenemos adónde ir", decían los jóvenes, que pedían a los peatones un teléfono para poder contactar con familiares o amigos residentes en la isla para informarles que se encontraban bien.

La única ayuda que recibieron fueron comida y bebida que un grupo de vecinos y entidades humanitarias les llevaron a la plaza. Algunos hacía cinco o diez días que estaban en Arguineguín, en una instalación donde, según Marlaska, nadie pasa más de 72 horas, y no se habían podido lavar desde hacía dos semanas. "Ayer [martes] por la noche  triunfó la solidaridad por encima del populismo y la xenofobia", dice el sacerdote Antonio Viera, que hace años que apoya a las personas encerradas en el CIE de Barranco Seco, y que asegura que nunca como por ejemplo, ni siquiera en la crisis de los cayucos del 2006, la asistencia a los migrantes había sido tan deficitaria.

Hoteles y apartamentos

El periplo de los migrantes no acabó allá, sino que posteriormente un grupo de 200 volvieron a ser trasladados en autobús hacia el sur, donde fueron reubicados en apartamentos turísticos. El resto, sin embargo, quedaron una vez más a la intemperie. Para Viera, ni los pisos turísticos ni los hoteles pueden ser "una solución" para el desmantelamiento de Arguineguín, y apunta que el gobierno español tiene que abrir "un corredor humanitario" para hacer llegar a estas personas hacia la Península, donde muchos ya tienen familiares y amigos. "Todos tienen un proyecto migratorio que no se parará aquí", dice el sacerdote, que mantiene contacto telefónico con un grupo de senegaleses que recientemente fueron deportados a Mauritania. "Algunos me han dicho que ya están de camino para volver a probar suerte en el viaje a Canarias", dice. 

El puerto de Arguineguín es el ejemplo del fracaso de la gestión de la inmigración en las Canarias, denuncian las ONG humanitarias, que acusan a los sucesivos gobiernos españoles de haber mirado hacia otra lado y no haber dotado las Canarias de un sistema asistencial en los 26 años que hace que llegan pateras al territorio. Durante años la ruta mantuvo cifras bajas de afluencia, pero el cierre de la ruta del Norte de África ha hecho desviar a los migrantes africanos hacia el Atlántico. La tendencia de llegada de embarcaciones ha ido al alza, sobre todo a partir del verano, hasta superar las 18.000 personas, la mitad de las llegadas a todo el Estado.

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Sin asistencia jurídica

En este muelle, una superficie de hormigón de 400 metros cuadrados y sin servicios, se levantaron a finales de agosto tiendas de campaña para dar primera atención a las personas llegadas. ONG, el juez Arcadio Díaz Tejera -encargado del CIE Barranco Seco, en el norte de la isla-, así como abogados han denunciado reiteradamente la vulneración sistemática de derechos de los inmigrantes, a los cuales se deniega el asesoramiento legal y la explicación de sus derechos. Según estas fuentes, la policía les entrega directamente la orden de expulsión del país, obviando la posibilidad que pidan asilo, a pesar de que en muchos casos provienen de países en guerra o tienen un historial de persecución o son des víctimas de la violencia machista.

A Marlaska le han llegado las críticas por todas partes. Desde las Canarias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha denunciado "el desprecio" del gobierno español hacia los migrantes y la isla y ha anunciado que emprenderá medidas judiciales.

Sobre el periplo de los inmigrantes, Marlaska ha anunciado una investigación para esclarecer los hechos, pero desde la Delegación del gobierno español en la isla han dejado claro que la orden de desalojar el grupo de 227 personas no salió de allá. Marlaska, cuestionado por la oposición en el Congreso, ha manifestado que no piensa dimitir.

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