La nueva ley de educación entierra los planes de Wert pero no hace intocable la inmersión lingüística

Los expertos avisan que las denuncias no se pararán y que la clave es la aplicación en los centros

Es un paso adelante para desmantelar la ley Wert pero no supone el blindaje de la inmersión lingüística en Catalunya. Así es como valoran los expertos lingüistas la enmienda que se ha aprobado este jueves a la nueva ley de educación con los votos del PSOE, Unidas Podemos y ERC, que consiste en eliminar las referencias al castellano como lengua vehicular en las aulas, como preveía el proyecto inicial, y cambiarlo por establecer que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir las enseñanzas en castellano y en el resto de lenguas cooficiales a sus respectivos territorios, con conformidad a la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". 

El texto ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV, que ha argumentado que la enmienda no reconoce el carácter de lengua propia del euskera ni deja clara su condición de lengua vehicular. Para el PSOE, el objetivo es reconocer el plurilingüismo y garantizar que los alumnos conozcan tanto el catalán como el castellano al acabar la secundaria, mientras que para ERC la nueva ley "blinda" la inmersión lingüística.

PSOE, Podemos y ERC impulsan un cambio en la ley de educación para blindar la inmersión lingüística

"La enmienda anula la parte de la ley Wert que planteaba el castellano como lengua vehicular, pero esto no quiere decir que la inmersión quede blindada. La batalla no ha acabado", afirma Ignasi Vila, profesor de la Universitat de Girona (UdG) y experto en inmersión lingüística. Avisa que la nueva ley deja a las comunidades autónomas la posibilidad de regular el uso de la lengua en cada territorio, así que la responsabilidad recae ahora en la Generalitat, que es quien "tiene que garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos". "La razón de la enmienda no es que la lengua propia de Catalunya es el catalán. Es un tema de derechos lingüísticos: todo el mundo tiene que tener la posibilidad de aprender el catalán, y no se me ocurre ninguno otro lugar que no esté en la escuela ni cabe otro método que no sea la inmersión", sentencia.

"No desactivará el activismo judicial"

Las voces consultadas por el ARA aseguran que en la práctica la ley no implicará grandes cambios. Primero, porque la estrategia de Wert de hacer pagar a la Generalitat la escolarización en castellano de los alumnos que lo quieran ha tenido un impacto muy minoritario y ha ya sido tumbada por el Constitucional. Segundo, porque "no desactivará el activismo judicial" de algunas familias y partidos contra el modelo lingüístico catalán, apunta Albert Branchadell, decano de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB, y por lo tanto "no hará intocable" la inmersión, al menos en el terreno jurídico, donde varias sentencias han dictaminado que las clases en Catalunya tienen que ser como mínimo en un 25% en castellano. 

Y tercero, porque al final lo más relevante no es tanto qué dice la ley sino la aplicación del modelo a los centros. "Y en los centros no se cumple que el catalán sea la lengua vehicular", lamenta Joaquim Arnau, miembro emérito del Institut de Estudis Catalans, que detecta un "cierto relajamiento" en este sentido, sobre todo en los institutos de algunas zonas de Catalunya. 

De hecho, la inmersión lingüística, más allá del ámbito pedagógico o educativo, ha sido un caballo de batalla e incluso una arma arrojadiza a nivel político y también judicial. En este sentido, el telón de fondo es una negociación entre ERC y el gobierno español por los presupuestos generales del Estado y también una batalla sepultada entre los partidos catalanes de cara a las elecciones de febrero. Por eso, cuando se filtró a la prensa a mediados de esta semana, los partidos de la oposición se abalanzaron sobre el gobierno español, acusándolo de querer "desalojar" el castellano de las aulas catalanas, y el PP y Ciutadans no han tardado en alertar que la recurrirán ante el Constitucional y el Parlamento Europeo, porque consideran que vulnera el derecho de los alumnos catalanes a ser enseñados en castellano.

A su vez, JxCat criticó la enmienda, y avisó que el PSOE "le estaba marcando un gol a ERC", porque creen que el cambio "deja en manos de la administración educativa" establecer el porcentaje de horas de clase que se tendrán que hacer en una lengua o la otra. Este jueves, el diputado del Partido Demócrata Sergi Miquel ha dicho que si se cambia la referencia a las "administraciones educativas" por "comunidades autónomas" apoyarán a la enmienda.

Es por eso que el catedrático de filología catalana de la UB Xavier Vila pide a los políticos que se fijen "en el resultado, no en el método". "Los políticos y las leyes tienen que pedir resultados, no meterse en metodologías. Tienen que dejar que los especialistas en didáctica de la lengua se encarguen de lo que pasa en las escuelas", asegura, a la vez que reivindica una desjudicialización de la escuela. 

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