Doce alegatos para apelar a la responsabilidad histórica del tribunal

Los procesados remarcan la trascendencia de la sentencia en la política y el ejercicio de derechos

Cincuenta y dos sesiones de juicio en cuatro meses. Un exvicepresidente del ‘Govern’, una expresidenta del ‘Parlament’, cinco ‘exconsellers’ y dos líderes de la sociedad civil que llevan entre 400 y 600 días entre rejas. Tres ‘exconsellers’ más procesados y peticiones de condena por parte de la Fiscalía que ascienden hasta los 25 años de prisión. Y, en juego, la definición jurídica del procés: ¿una movilización de dos millones de personas en las urnas el 1 de octubre de 2017 ensuciada por las cargas policiales?, ¿un alzamiento violento orquestado por el ‘Govern’, el ‘Parlament’, las entidades civiles y con el beneplácito de los Mossos?, ¿o ninguna de las dos cosas? El juicio al procés no es un juicio cualquiera, y la sentencia que se desprenda de él tampoco lo será. Más allá del relato jurídico, del encaje que encuentren o no los magistrados de los hechos en el Código Penal y de una posible redefinición de los delitos, el dictamen de los siete magistrados que conforman la sala segunda del Tribunal Supremo trascenderá los muros de la institución y marcará un punto de inflexión en la democracia catalana y española. A la espera de ello, este miércoles miles de catalanes salieron a la calle para reivindicar el 1-O.

Las defensas de los presos asumen la desobediencia para negar la rebelión y la sedición

Por eso ayer gran parte de los acusados apelaron a la responsabilidad de los magistrados a la hora de buscar una salida que la política, aseguraban, no ha sido capaz de encontrar. Lo hacían Raül Romeva y Jordi Sànchez cuando recordaban que el juicio era una “oportunidad” para poner de nuevo las cosas en su sitio: “En el terreno de la política”, dijo Oriol Junqueras. “No me gustaría estar en su piel. Tienen la responsabilidad de no agravar un conflicto político”, valoró Sànchez. Insistía en ello Jordi Turull cuando explicaba que “por el bien de todos” habría que convertir la sentencia en una respuesta que “permita seguir avanzando”, o Santi Vila, que esperaba que la sentencia fuera parte de la solución y no del agravamiento del problema”.

Otra cara de esta causa, sin embargo, es la trascendencia con respecto al ejercicio de derechos fundamentales. “Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. No es mi libertad, es la de todos”, decía Dolors Bassa. “De la sentencia de este juicio depende la calidad democrática del Estado”, destacaba Jordi Cuixart. Y aun fueron más allá otros procesados, como Josep Rull, que hablaba incluso de una concepción de valores en juego. Sànchez enalteció la “solidaridad” irreversible que ha generado en el pueblo catalán la prisión provisional y Joaquim Forn mostró su rechazo a la “intolerancia”.

Críticas a la Fiscalía

Aunque la Fiscalía insistió en negar la existencia de un juicio político en su informe final, los doce procesados quisieron remarcar ayer el sesgo ideológico que consideran que las acusaciones han aplicado a la causa, especialmente en el caso del ministerio público, la figura que defiende “el interés general”, recordaba el ‘exconseller’ de Interior. Romeva aseguraba que las acusaciones “habían querido construir una imagen de odio irracional contra España” y Cuixart les acusaba de “buscar enemigos” y cargaba especialmente contra la presencia de “la extrema derecha y el fascismo acusando a los demócratas”, en referencia a la acusación popular ejercida por Vox. Carme Forcadell les reprochaba que no hubieran hecho caso de las pruebas. “Parece que estos cuatro meses de juicio no hayan servido para nada”, lamentaba.

Los nueve presos reclamaron su libertad e incluso los tres ‘exconsellers’ que no están en prisión, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, instaron al tribunal en este sentido. La defensa de Cuixart también lo había hecho mediante un escrito, aunque ayer el presidente de Òmnium insistió en que su objetivo no es salir de la prisión. “Me reafirmo en todo lo que hice, y lo volveremos a hacer. Catalanes y catalanas, movilización permanente y pacífica y que no desfallezca”, dijo en catalán. Fue el discurso más explícito a la hora de no mostrar arrepentimiento por los hechos, pero todos los acusados afianzaron la legitimidad del 1-O. Con todo, Junqueras y Forn admitieron que habían podido cometer algún error.

A pesar del protagonismo indiscutible de los alegatos políticos de los acusados, en la jornada de ayer también hubo un hueco para la discusión jurídica con los informes finales de las defensas que quedaban por exponer. Quien se centró en el delito de rebelión fue Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, que trató de desmontar el “relato artificioso” de la Fiscalía en torno a la violencia. El argumento principal fue que el Estado ni se planteó aplicar el estado de sitio ni tampoco recurrir al poder militar para sofocar el independentismo, unas medidas que consideró un “baremo fundamental para calibrar la existencia de un verdadero alzamiento rebelde”. Rechazó, así, el “lenguaje propio que la Fiscalía ha incorporado” en esta causa para crear un delito de rebelión basado en una “violencia normativa”, referenciada en las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre y una DUI sin efectos jurídicos.

Las defensas también han enriquecido el vocabulario judicial y ayer se encargó de ello Judit Gené, abogada de Meritxell Borràs, que se aferró a la “rebelión posmoderna” acuñada por Xavier Melero y recriminó la acusación de una “malversación posmoderna” en la que “no importa si se ha pagado o cuándo se ha acordado un gasto”. También rebatió este delito Joan Segarra, abogado de Santi Vila, la pieza discordante del ‘Govern’ de Puigdemont el otoño del 2017. El letrado avisó de que el ‘exconseller’ no entró en las listas de JxSí porque no compartía la vía unilateral, un argumento que contradice el relato del resto de acusados, que en todo momento han asegurado que la solución pactada era la prioridad.

Fuera como fuese, en 2017, con la carga de la represión a sus espaldas y mientras Torra busca una respuesta unitaria a la sentencia, uno de los mensajes de los acusados en su última intervención pivotó en torno al diálogo y el acuerdo. La política catalana espera la resolución del Tribunal Supremo para decidir su futuro y, antes de que esto pase, nueve artífices del referéndum aspiran a conocer la sentencia fuera de prisión.

Los próximos pasos después del visto para sentencia

1. ¿Cuándo saldrá la sentencia?

No hay plazo reglado para que el tribunal emita la sentencia, y la previsión es que no llegue hasta el mes de septiembre u octubre. Agosto acostumbra a ser un mes inhábil en el ámbito judicial y la voluntad de unanimidad entre los siete magistrados puede indicar que sería precipitado que llegara durante el mes de julio.

2. Mientras tanto, ¿los presos quedarán en libertad?

Todos ellos han pedido esperar la sentencia fuera de la prisión porque ya no peligra su asistencia al juicio. El temor del tribunal puede ser una posible fuga, pero se podría evitar con vigilancia.

Salir en libertad tendría consecuencias políticas: los diputados del Congreso y Romeva ya no estarían suspendidos y Forn podría asistir al Ayuntamiento de Barcelona. Queda pendiente si Junqueras puede ser eurodiputado. Si se mantuviera la prisión, probablemente serían trasladados a Cataluña.

La Junta Electoral Central (JEC) no incluirá en la lista de eurodiputados definitiva ni a Carles Puigdemont ni a Antoni Comín si no van a Madrid a recibir las credenciales y a jurar la Constitución. Con la intención de hacerlo, el equipo de abogados del expresident ha preparado un escrito para el Supremo en el que reclaman que se deje sin efecto la orden de detención estatal que hay vigente contra ellos. Defienden que la inmunidad parlamentaria asociada a los miembros del Parlamento Europeo ya los ampara y, por lo tanto, deberían poder desplazarse hasta Madrid para completar los trámites que exige la JEC. Piden al Supremo que resuelva en tres días porque los candidatos de JxCat están convocados el 17 de junio en Madrid para hacer los trámites para ser eurodiputados. El escrito hace referencia al precedente del empresario José María Ruiz-Mateos, para quien en 1989 se dejó sin efecto la orden de prisión que pesaba sobre él para ir a recoger el acta de eurodiputado. No se siguió con el proceso judicial hasta que la Eurocámara autorizó el suplicatorio.

Més continguts de

El + vist

El + comentat