L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Al fusil hay que quererlo más que a la novia’

¿Cómo se pueden pedir 17 años de cárcel para Sànchez por rebelión en calidad de promotor, cuando todo lo que tiene el fiscal es una manifestación masiva y apasionada pero no violenta, que registra daños materiales muy limitados y en cuyo transcurso el acusado organiza un servicio de orden que incluye un pasillo hecho por voluntarios, no se dispara un tiro y nadie se lleva un rasguño?

Aprofitant que s’han acabat les sessions del judici d’aquesta setmana, voldria enviar l’anàlisi avui molt especialment als que ens veuen des de fora de Catalunya.

Vean estas imágenes, son de ayer en el centro de Barcelona: centenares de personas siguieron durante todo el día el larguísimo interrogatorio que el fiscal efectuó a Jordi Sànchez, proyectado en una pantalla gigante.

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Las imágenes reflejan el interés, casi de minuto a minuto, con que buena parte de la sociedad catalana está siguiendo el juicio contra sus cargos electos y líderes sociales, que se desarrolla en el Tribunal Supremo, en Madrid.

Ninguna cadena española está transmitiendo el juicio. Se habla mucho de él, eso sí, pero eso es lo primero que llama la atención: que después de haberse llegado a decir en público que lo que pasó en Catalunya en septiembre y octubre de 2017 fue un golpe de estado, a pesar de que provocó un histórico discurso de Felipe de Borbón, a pesar de considerarse el juicio más importante de España desde el celebrado contra  los golpistas del 23-F de 1981, el juicio oral está transcurriendo con un perfil mediático muy discreto.

Lo segundo que llama la atención es que tras dos semanas de juicio, la Fiscalía está teniendo muchos problemas para sostener las acusaciones de rebelión y sedición, sobre todo la de rebelión, que exige violencia. Tiene problemas porque no tiene pruebas.  Todo lo que de momento ha exhibido la Fiscalía han sido los dos coches abollados y llenos de pegatinas de la Guardia Civil que tuvieron que ser remolcados por una grúa y retirados al taller la madrugada del 20 al 21 de septiembre.

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El propio Sànchez condenó estos limitados daños materiales. El fiscal Javier Zaragoza anduvo dando vueltas al tema de los coches durante horas. Quedó claro que, aquel día, la comitiva judicial pudo hacer su trabajo sin obstáculos y que su integridad física y la de los guardias civiles que les protegían no corrió peligro en ningún momento, hasta el punto de que el tribunal pudo ver imágenes de Sànchez hablando tranquilamente con el teniente de la Guardia Civil.

Sànchez insistió en algo que en Catalunya todo el mundo tenemos claro pero sobre lo que hay que volver a la vista del relato del fiscal: los coches no terminaron abollados y con pegatinas por un ataque masivo de unos manifestantes violentos. No hay imágenes de ningún ataque porque no lo hubo. Simplemente, centenares de manifestantes, de periodistas, se subieron a los coches durante más de doce horas, incluso entraron en ellos. El propio Sànchez se subió a uno de los coches para pedir a la gente que se fuera a casa, con permiso del oficial que le dijo: “Súbase, ya no viene de aquí”.  

De modo que, tras estas dos semanas, un observador desapasionado no pude por menos que formularse una pregunta muy grave: ¿cómo se pueden pedir 17 años de cárcel para Sànchez por rebelión en calidad de promotor, cuando todo lo que tiene el fiscal es una manifestación masiva y apasionada pero no violenta, más bien de protesta festiva, que registra daños materiales muy limitados y en cuyo transcurso el acusado organiza un servicio de orden que incluye un pasillo hecho por voluntarios, no se dispara un tiro y nadie se lleva un rasguño?

¿Entienden ahora por qué en Catalunya muchas personas consideramos a los nueve acusados que van y vienen todos los días de la cárcel al tribunal como presos políticos? En España se registran cada año manifestaciones más violentas que aquella. Y no les digo en Europa. Miren en Francia últimamente. Por lo tanto, hablemos de delitos de desórdenes públicos o de desobediencia, pero no de rebelión. Y, claro, si el fiscal flojea para demostrar la rebelión, la causa se hunde y se hunde la única razón por la que los acusados están en prisión preventiva durante 500 días. Llamemos a las cosas por su nombre: si están en la cárcel desde octubre de 2017 es, simple y llanamente, porque en el caso que nos ocupa estamos hablando de políticos y líderes sociales que  trabajan por la independencia de Catalunya.

Y si nos da por el contraataque argumental deberíamos preguntarnos (y espero que lo hagan las defensas): ¿por qué la Guardia Civil rechazó aparcar los vehículos en el aparcamiento subterráneo del edificio, y sobre todo, cómo es que dejaron armas de fuego sin vigilar dentro de los coches abiertos y rodeados por cincuenta mil personas? Cómo fue posible semejante descuido? Cualquiera que hubiera hecho el servicio militar sabe que un uniformado no puede abandonar, ni dejar sin vigilancia, un arma de fuego, bajo ningún concepto, sin enfrentarse a un castigo severo. Dicho en palabras de instructores de reclutas hace más de 30 años: “Al fusil hay que quererlo más que a la novia”.  

La prisión preventiva está privando a los acusados de un juicio justo. Los levantan a las seis de la mañana en la cárcel, los trasladan al Supremo y no vuelven a Soto del Real (ellos) y a Alcalá-Meco (ellas) hasta la hora de cenar. No tienen tiempo de preparar su defensa y declaran durante horas en condiciones de cansancio muy adversas.

Con escasas pruebas y con el abuso de esta prisión preventiva, no es extraño que para la mayoría que está siguiendo el juicio al detalle la sentencia esté prácticamente redactada.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.

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