Viaje al interior del 'gobierno de los jueces'

MadridHe aquí la observación de un magistrado importante que prefiere mantener su nombre en reserva y que resulta crucial para entender la encrucijada de la justicia española frente al exterior.

“Vaya por delante que entiendo las dudas de los jueces europeos. Cuando ven las noticias de lo que está pasando en la justicia española, con manifestaciones de jueces pidiendo independencia a las puertas del Ministerio de Justicia y miles de mujeres concentrándose frente al Tribunal Supremo con la reivindicación de acabar con el machismo de la justicia franquista, ¿que pensarías cuando esos jueces españoles te pidieran ayuda para investigar un delito de gran impacto político como el de rebelión?”.

Esta es la lectura de la decisión del tribunal de primera instancia de Bruselas del miércoles 16 de mayo –denegatoria de la euroorden contra Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig- y es realista.

Intenta extraer una conclusión o poner un mínimo común denominador general: los problemas internos de la justicia española no pueden dejar de proyectarse en momentos de gran necesidad, como es el caso de las solicitudes de extradición a Bélgica, Alemania, Reino Unido y Suiza, hacia el exterior.

En la cúspide de esos problemas está el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o lo que, no sin pompa, se suele etiquetar como el gobierno de los jueces. Un gobierno que preside Carlos Lesmes, en su calidad de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y que está formado por una comisión permanente de siete miembros –su consejo de ministros- y un pleno que, incluyendo a los siete anteriores, suma 21 miembros.

Lesmes tomó posesión como presidente el 12 de diciembre de 2013 por un periodo de cinco años; muy pocos días después de que los vocales ya habían sido elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) por idéntico periodo. La etapa de Lesmes y de los vocales, pues, va tocando a su fin. Mientras los vocales deben ser renovados, no existe prohibición para que el presidente repita un nuevo mandato. Y aunque no hay antecedentes de esa repetición, su teórica posibilidad lleva a decir aquello de “Houston, tenemos un problema”.

Fue Lesmes quien al asumir su puesto seleccionó al equipo restringido –primero cinco y más tarde siete- que forma la Comisión Permanente. El presidente y ellos dirigen el gobierno ya que son los únicos que tienen dedicación plena. Los demás siguen ejerciendo sus actividades jurisdiccionales – jueces y magistrados- o particulares –juristas de reconocida competencia- según el esquema aprobado a propuesta del presidente.

Aunque Lesmes interpreta por sí solo lo que cree que necesita el gobierno y el Partido Popular y lo va aplicando en su práctica cotidiana, la verdad es que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo ha gobernado para una camarilla de la cúpula judicial, lo que se llamaba antiguamente la West Point (por la academia militar de elite de Estados Unidos) de la carrera judicial: el cuerpo de magistrados de lo contencioso-administrativo, la única especialidad realmente existente según este grupo con carácteres de casta.

El llamado GAL (Grupo de Amigos de Lesmes) es el que ha ido copando todas las posiciones claves. Por supuesto que en el camino han puesto en práctica lo que creían era mejor para el PP ( Lesmes contó en la primera comisión permanente con los consejos del magistrado Gerardo Martínez Tristán, que canalizaba lo que el partido necesitaba), pero guiándose por sus propios intereses.

Y ahora cuenta como brazo derecho con el vocal, a quien ha introducido en la Comisión Permanente, Mario Macías, ex cargo de Justicia en la Generalitat de Jordi Pujol. Macías, Lesmes y el magistrado Pablo Llarena forman una trinidad muy compenetrada.

El hecho es que Lesmes, que aspiraba a ser el primer presidente si no a repetir otros cinco años completos al menos a prorrogar un par de años más su presidencia actual, ve como este sueño se va disipando.

En los tres días previos al 26 de julio de 2017, La Moncloa parecía hacer vudú con el rostro de Lesmes. ¿Qué pasaba aquellos días? Pues que Mariano Rajoy no quería acudir a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de testigo en el juicio del caso Gürtel 1999-2005. Y había confiado en que a último momento Lesmes o el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, conseguirían que al menos pudiese declarar por videoconferencia. La ira de La Moncloa desde entonces se tornó irreversible.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, prácticamente no cruza palabra con Lesmes y prefiere consultar asuntos judiciales o de la carrera con magistrados del Supremo o del Tribunal Constitucional. Pero no con Lesmes. El conflicto larvado, un secreto a voces en el Ministerio de Justicia, afloró públicamente a raíz de la sentencia de la manada. Ya no se guardaron las formas. Catalá atacó la forma de conducir el gobierno de los jueces de Lesmes. En la reunión del último pleno del CGPJ, esta semana, los vocales censuraron mayoritariamente la conducta del Consejo en el caso de la citada sentencia.

En su encuentro con Pedro Sánchez, el pasado 15 de mayo, Rajoy le expresó su deseo de empezar a trabajar con tiempo para renovar el CGPJ. El mensaje: Lesmes no obtendrá la prórroga que tanto deseaba. Habrá nuevo presidente y nuevos vocales en diciembre y hay que poner a las Cortes a trabajar cuanto antes.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que ya aspiraba en 2013 a esa presidencia, perdió la batalla ante un astuto Lesmes, y ahora, cuando se disponía por fin a conseguirlo, en diciembre de 2018, ha quedado fuera de combate.

Porque a partir de octubre o noviembre próximo, Marchena, presidente de la Sala Segunda desde 2014, será el presidente del tribunal del juicio por delitos de rebelión y malversación contra los dirigentes independentistas catalanes. En otros términos, incluso en la eventualidad de un aplazamiento en la elección de nuevo presidente del CGPJ -cosa que no va a ocurrir- haber presidido el citado tribunal, con toda la carga política que supondrá el enjuiciamiento y la sentencia, le elimina para el cargo al que aspiraba.

Ninguno de los problemas que Lesmes se había comprometido a resolver al llegar han conocido cierta solución. Ha ido colocando a aquellos magistrados que según creía podían ayudar al PP en diferentes tribunales.

Unas veces ha invocado la necesidad de evitar la prórroga de las comisiones de servicio para deshacerse de magistrados instructores molestos por independientes (caso del juez Pablo Ruz a cargo de la instrucción de Gürtely Papeles de Bárcenas), y otras todo lo contrario, cuando se trataba de prorrogar cuantas veces fuere necesario las comisiones de magistrados como Juan Pablo González para que se hiciesen cargo de las ponencias de piezas separadas de la trama Gürtel. Esos magistrados son llamados en la Audiencia Nacional “comisionistas”, precisamente por depender de las comisiones de servicio que Lesmes y los suyos tienen que renovar periódicamente.

Pero ni siquiera la operación por la que la magistrada Concepción Espejel fue nombrada, con apoyo férreo de Lesmes, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en mayo de 2017, ha conseguido sus objetivos de controlar las ponencias de las piezas separadas de Gürtel habida cuenta de que como ya había ocurrido en 2015 con la propia Espejel y el magistrado Enrique López el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió, el pasado 26 de abril, la recusación del magistrado Juan Pablo González por sus vínculos con el PP.

La gran asignatura que Lesmes había prometido abordar también ha quedado chunga. Se trataba de dar cobertura a casi una treintena de magistrados que habían superado las pruebas promovidas por el CGPJ en 2011 –las más duras que se han hecho hasta el momento en materia de derecho penal- y que el propio Lesmes, como miembro de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, antes de ser nombrado presidente del CGPJ, ayudó a dejar en el aire, con el argumento de que carecía de cobertura legal.

Cinco años después de cargarse esa prueba, Lesmes acaba de convocar el concurso para cubrir las tres vacantes de especialistas de lo penal en la Sala Segunda del Supremo ofreciendo la posibilidad de que acudan todos aquellos magistrados que tengan 15 años o más de antigüedad sin necesidad de conocimiento específicos. Es que, según Lesmes, penalistas somos todos.