El misterioso caso de la quiebra de Bankia

El interrogatorio a miembros del Banco de España no resuelve la duda

Como en una novela de Agatha Christie, la autora que solía escamotear al lector la lógica interna de sus crímenes, el broche de oro de las declaraciones de cinco funcionarios del Banco de España ante el juez Fernando Andreu, entre el martes 26 y viernes 29 de julio, ha sido el anuncio de la dimisión del subgobernador de la institución, Fernando Restoy. El banco dio cuenta de la renuncia cuando terminaban de declarar en la Audiencia Nacional un inspector y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez.

Durante la gestión de Julio Segura, presidente, y de Restoy, vicepresidente, la CNMV aprobó hace cinco años y un mes–el 29 de junio de 2011- el folleto de salida a Bolsa de Bankia. Un folleto que, según la sentencia del Tribunal Supremo engañó a los pequeños inversores. Además, los peritos judiciales lo calificaron de fraudulento.

Quiebra récord

Es el 20 de julio de 2011. Bankia lanza a la Bolsa de Madrid un 47,6% de su capital, al precio de 3,75 euros por acción. Los inversores meten 3.085 millones de euros. El Banco de España difunde una nota en la que califica “muy positivamente” las salidas a Bolsa de Caixabank, Banca Cívica y de Bankia.

Menos de un año después estallaba la crisis de Bankia. Rodrigo Rato era forzado a dimitir y a los pocos días, un equipo bajo el timón de José Ignacio Goirigolzarri se hace con el banco. Se inyectan fondos públicos por valor de 23.475 millones de euros para salvar la entidad: el 70% del rescate de 40.000 millones de los fondos europeos utilizados.

Guerra "invisible" contra los peritos

El juez Andreu solicita al Banco de España, nada más comenzar la instrucción, que le proponga a dos inspectores ajenos a la inspección del citado banco para que actúen en calidad de peritos. Se propone a Víctor Sánchez y a Antonio Busquets. En diciembre de 2014, entregan sus informes. Coinciden: Bankia no había hecho los saneamientos de sus créditos problemáticos, que los informes de inspección habían identificado; es decir, había agujeros que debieron cubrirse antes de la salida a Bolsa. Los peritos cuestionan la existencia de las llamadas “provisiones específicas sin asignar” para cubrir pérdidas que el folleto de salida a Bolsa fija en 6.913 millones de euros. Alarma en cúpula del Banco de España. Hay que contrarrestar esta versión.

¿Cómo hacerlo? Se toma una decisión: a través del FROB, el organismo encargado de canalizar las ayudas públicas. La comisión gestora está formada entonces por cuatro miembros del Banco de España: director general de supervisión, regulación, asesoría jurídica y subgobernador, y cuatro del Ministerio de Economía. La preside el subgobernador, Fernando Restoy.

En su reunión del 24 de febrero de 2015, el FROB acuerda pedir al Banco de España un informe donde se aporte la respuesta a una serie de preguntas “técnicas”. El acta de dicha reunión deja huella de una maniobra espuria: “Hay que mantener la menor visibilidad o injerencia del Banco de España”.

Instrumentalizar las instituciones

¿Por qué? Porque el FROB es acusación particular en el caso Bankia. Representa a los perjudicados. Y el informe va en contra de los peritos judiciales. Los directores generales del Banco de España estampan su firma en informes parciales que nutren el dictamen oficial.

Gran parte de esto ha aflorado esta semana, tras la imputación del auditor Deloitte el socio Francisco Celma. Éste ha explicado en su declaración que la empresa auditora hacía lo que le pedían el Banco de España y la CNMV.

Tal vez por eso el juez Andreu preguntó al que había sido director general de Regulación, Julio Durán, si esta conducta era “moralmente admisible”. Y al actual director general de Supervisión, Mariano Herrera, el juez le dijo que habían hecho una “artimaña”.

Silencio del Banco de España

Víctor Márquez, director de comunicación de la entidad, señaló que el Banco de España ha decidido no hacer comentario sobre las comparecencias judiciales, y que será el juez quien deberá determinar si ha habido alguna conducta dolosa. Las declaraciones se aplazan hasta el 5 de septiembre, cuando está citado como testigo el que fuera jefe de equipo de Bankia durante la salida a Bolsa y en la reformulación de las cuentas, el inspector José Antonio Casaus.

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