Rajoy prepara dos recursos ante el TC, contra la ley del referéndum y el decreto

MadridNada más aprobarse, previsiblemente este miércoles 6 de septiembre, la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O del gobierno de la Generalitat, el Gobierno de Rajoy presentará dos recursos de inconstitucionalidad para suspender automáticamente ambas decisiones. La vía del incidente de ejecución no sirve para estos casos y supondría, además, una dilación de las decisiones, al tener que oir el Tribunal Constitucional, antes de decidir, al Parlament y al Govern.

Hasta ahora, el Tribunal Constitucional trabajaba desde finales de julio pasado con la hipótesis de que el 6 de septiembre sería el día D y de que el Gobierno de Rajoy podría aprobar los recursos en el consejo de ministros del viernes 8, tras obtener informe del Consejo de Estado. Ello supondría posponer hasta el lunes 11 o martes 12 la reunión del TC y la suspensión de ambas resoluciones.

El TC reanuda su curso ordinario el mismo 6 de septiembre en una reunión que se extiende hasta el jueves 7. Ahora se baraja –aunque no hay confirmación- la alternativa de que Rajoy quiera dar el golpe de efectoinmediatamente después de la aprobación de la ley en el Parlament y de la firma del decreto por la Generalitat: podría, pues, reunir el consejo de ministros el jueves 7 y aprobar los recursos para que el TC, que celebrará su segundo día de reunión, resuelva el mismo día jueves 7 la suspensión. Pero, en todo caso, el camino jurídico será, según fuentes consultadas, el recurso de inconstitucionalidad. Tendrán que ser, de aprobarse la ley y salir el decreto, dos: uno para la ley y otro para el decreto.

La hipótesis de que Rajoy se inclinase por presentar un “incidente de ejecución” no vale ni para la ley ni para el decreto, ya que no son resoluciones que el TC haya abordado con antelación y sobre los que se plantearían incumplimientos. Aunque la aprobación de ambos tiene relación con decisiones anteriores del TC, lo fundamental para Rajoy es conseguir la aplicación del 161.2 de la Constitución: suspensión automática de ley y decreto.

Y, además, el “incidente de ejecución”, que sí se podría presentar después de los recursos, cuando se adviertan incumplimientos, supone un trámite más dilatado habida cuenta de que exige al TC oír a la otra parte, en este caso, al Parlament y al Govern.

Habrá que ver hasta dónde quiere llegar Rajoy con la posible suspensión de Carles Puigdemont. Aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Primero, la suspensión del president no es automática y éste ya ha dicho que no acatará; segundo, una vez firmado el decreto de convocatoria, la organización del referéndum pasa a ser obra del mecanismo aprobado: la Sindicatura Electoral Central y las sindicaturas en las cuatro de provincias.

La suspensión de autoridades y otras medidas punitivas, según un sector del TC, que presentó votos particulares con ocasión de la reforma de la ley Orgánica del TC, no debería ser función de un órgano que está abocado a interpretar las leyes sino de los tribunales ordinarios. Por tanto, presionar a favor de este camino supone correr el riesgo de dividir a un TC que hasta ahora ha alcanzado unanimidad en el tema del referéndum, y sobre todo porque dicho proceso de suspensión personal no aporta medios eficaces para garantizar la desarticulación del 1-O, una vez aprobado el decreto.

El Gobierno de Rajoy da, en público, pocas pistas sobre la actividad que desplegará a partir del miércoles 6 para contribuir a la desorganización del 1-O, una vez que consiga la suspensión automática de la ley y el decreto. Pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, están trabajando desde hace semanas sobre una hoja de ruta. Rajoy ha dado la consigna de que no es admisible ni siquiera un mini 9 de noviembre de 2014. Ni sombra de 9-N. La desorganización del referéndum debe producirse, según estas directrices, mucho antes del 1-O para que ese día solo tengan lugar actos residuales o con mínima proyección. Ello supone advertir de los delitos que las Sindicaturas electorales podrían cometer (desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones de las Juntas Electorales de la ley electoral; malversación de caudales públicos; coacciones), al tiempo que inventariar a los impresores con capacidad para fabricar las papeletas y hacer un seguimiento de los camiones que pueden trasladar urnas y cabinas.

Habrá peticiones de fiscales a jueces de guardia con la idea de obtener órdenes dirigidas que los Mossos d’Esquadra vayan cumplimentando algunas diligencias, una manera de medir la temperatura en este cuerpo. Barcelona está en el epicentro del referéndum. Porque será mediáticamente la postal para el resto del mundo sobre el éxito o fracaso del referéndum.