Torrent acata para lograr una investidura “efectiva y real”, no “simbólica”

La vigencia del 155 depende ahora de los partidos independentistas

Roger Torrent ha hecho buena la brillante frase del novelista de la generación perdida Francis Scott Fitzgerald. En Crack-Up, una colección de ensayos, el escritor apunta: "La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad de mantener dos ideas opuestas en mente y al mismo tiempo retener la capacidad para funcionar".

Ayer en su comparecencia, Torrent -emplazado por el Tribunal Constitucional y amenazado por el Partido Popular - hace exactamente eso: critica al Gobierno de Rajoy y a la resolución del TC y, al tiempo, obedece el requerimiento de no celebrar la investidura a  distancia, sin presencia del candidato Puigdemont aplazando la sesión de investidura.

Mejor dicho: ni Torrent ni la Mesa del Parlament desobedecen y le hurtan así la oportunidad al Gobierno para instar a través de la Fiscalía una querella criminal por un delito de desobediencia.

Torrent ha dicho varias veces ayer que su objetivo es una “investidura real y efectiva”. Que esto no es una fórmula suya lo ha confirmado Sergi Sabria portavoz de ERC, al afirmar que trabajamos por una investidura real y efectiva, no una investidura simbólica”.

Estas afirmaciones siguen a lo declarado el pasado lunes por Joan Tardá al plantear que “si hace falta se sacrifica a Puigdemont”. Aquellos que tratan a Tardá bien saben que lo está pasando mal por la situación pero en ningún caso es un “verso suelto”.

Esta apelación a una investidura “real y efectiva” no es retórica. Hasta ayer, la aplicación del 155 se podía cargar a la cuenta exclusiva de Rajoy. Pero el 155 caduca con una “investidura efectiva y real”, esto es, con un presidente y con el nuevo Govern de la Generalitat. ERC está diciendo: ahora la prolongación del 155 depende de nosotros.

La decisión de evitar que una sesión “simbólica” de investidura de Puigdemont sea el ariete para generalizar un nuevo enfrentamiento político y penal con el Ejecutivo y el TC, y posibles consecuencias, en el Tribunal Supremo, para exconsejeros en libertad provisional y para dirigentes independentistas en prisión incondicional, ha sido mal recibida  tanto en ciertas filas del soberanismo como en el PP.  Mientras Junts pel Cataluña ha reaccionado en contra, los dirigentes del PDeCAT lo han visto, al menos en privado, con simpatía.

Hay una pregunta pertinente para conocer lo que se está jugando en la trastienda: ¿qué hubiese ocurrido si se consumaba la investidura en ausencia?

Pues que se impugnaba a posteriori por el Gobierno y el TC suspendía esa elección. Pero la votación se hubiera producido. Ergo: ya no podría haber nueva investidura a menos que Puigdemont presentara su renuncia. Hubiera sido él, pues, quien tendría la llave, de persistir, para provocar, al cabo de dos meses, nuevas elecciones.

Torrent ha usado los diez días de alegaciones que ha abierto el TC sobre la admisión/inadmisión del recurso de Rajoy como excusa para aplazar el Pleno y ganar tiempo.

Es estéril debatir si empieza a correr el reloj de los dos meses para buscar otro candidato por el hecho de que no se produjo la votación que exige el reglamento. Porque el plazo de alegaciones dado por el TC  de diez días hábiles vence el 13 de febrero, a lo que luego habrá que añadir el tiempo para decidir sobre la admisión y una vez admitida- el Gobierno cuenta con mayoría en el TC para hacerlo- pasarán meses hasta decidir sobre el fondo: estimación o desestimación.

Por tanto, Torrent ha abierto un surco que ERC y Junts pel Cataluña tendrán que recorrer. La investidura “real y efectiva” versus la “investidura simbólica”, o, como ha dicho una fuente muy respetable del soberanismo a ARA “entre un independentismo responsable y otro mágico”.

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